QUITO, Ecuador (AP)
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional argumentando que hay una "grave crisis política" derivada del juicio político contra él, con un Parlamento que, a su juicio "tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado".
Lasso invocó este miércoles sus poderes constitucionales para acometer una medida de la que ya había advertido previamente y que implicará la convocatoria de nuevas elecciones. En este sentido, ha afirmado que ser presidente, "un honor sin comparación", implica "tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda".
"Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado el Ecuador", declaró en un discurso a la nación.
Menos de 24 horas después del arranque del juicio político, Lasso ha firmado un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones"inmediatamente". Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas para designar diputados y presidente para el periodo que resta de sus respectivos mandatos.
Lasso ha afirmado que ser presidente, "un honor sin comparación", implica "tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda". "Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado el Ecuador", ha declarado en un discurso a la nación.
El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, "tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado". A día de hoy, apuntó, que "no es posible avanzar" en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de "fiscalización" sino que se limita a la "obstrucción".
La oposición, señaló Lasso, quiere "usurpar" todos los poderes del Estado, impulsada por un "sobrehumano rencor". "Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada", dijo durante su discurso, en el que ha vuelto a defender la inocencia.
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno.