fue beneficiada con licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que dirigía Gerardo Ruiz Esparza, entre 2013 y 2015 justo cuando él se desempeñaba como procurador general de la República por lo que se habría configurado el delito de tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado de dinero.