La primera reforma de la ley electoral para el reconocimiento de los derechos de los indígenas costó 3 millones de pesos, sin embargo, fue derogada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional ante dos juicios de la protección de derechos del ciudadano. La intención fue buena pero la encargada en ese entonces fue la ex diputada local por Huejutla Doralicia Bautista